Misión de Observación de Derechos Humanos 2023: hallazgos preliminares
Del 13 al 17 de noviembre de 2023, el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, en colaboración con la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Alianza Americas, Ayuda en Acción de México y HIAS México, realizamos una Misión de Observación de Derechos Humanos (MODH) en Tenosique, Tabasco, con el objetivo de documentar y visibilizar la situación de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en el corredor migratorio selva en Guatemala, Tabasco y Chiapas. A partir de ello identificamos que:
La militarización de esta región del país tiene una estrecha relación no sólo con la contención de la migración, sino también con la instalación y operación de megaproyectos, como el mal llamado Tren Maya. La Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad han sido desplegadas para resguardar la infraestructura y garantizar el avance del proyecto. Este despliegue de fuerzas de seguridad militares y militarizadas deriva en un incremento de las diversas formas de violencia cometidas en contra de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades locales.
En la ruta migratoria El Ceibo-Tenosique-Villahermosa existen nueve retenes. En éstos hay presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Se anuncian como “espacios de rescate humanitario”, eufemismo que busca ocultar las acciones de detención, intimidación, criminalización y violencia que se cometen de manera constante en contra de las personas migrantes en estos puntos de control migratorio. Asimismo, las autoridades impiden que las personas utilicen transporte público o privado para trasladarse por las rutas migratorias, obligándoles a caminar hasta Villahermosa.
El perfilamiento racial es una práctica generalizada en la región, que utiliza estereotipos étnicos o raciales para detener a las personas. Esta práctica discriminatoria incentiva la xenofobia, la lgbtfobia, el racismo y la violación de derechos humanos de las personas en movilidad.
Estas acciones de parte de las autoridades obligan a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional a utilizar rutas controladas por grupos armados en las que, en colusión con las autoridades y de forma sistemática, se cometen delitos contra las personas, como robos, extorsiones, secuestros, agresiones físicas, entre otras.
Los procedimientos de acceso al derecho a la protección internacional están deliberadamente burocratizados por las autoridades para dilatarlos al máximo y orillar a las personas a desistir de ellos.
Por su parte, el INM se niega recurrentemente a recibir las solicitudes de refugio de las personas que se presentan en el puesto fronterizo de El Ceibo; cuando las personas son acompañadas por organizaciones, ralentizan los procesos, les amenazan con llevarles por largos períodos a detención; e incluso, una vez que las solicitudes son admitidas y las personas llevadas al Centro de Asistencia Social (CAS), les aconsejan no recibir la asesoría legal de las organizaciones amenazándoles con que tomará más tiempo su proceso.
La separación familiar es una práctica constante que vulnera el principio de unidad familiar, al llevar a las mujeres y niños al CAS de Tenosique, mientras que los hombres son llevados a la Estación Migratoria de Villahermosa. Aunado a ello, y a pesar de lo establecido en la Ley de Migración sobre la prohibición para detener a niñas, niños, adolescentes y sus familias, se identificó que el CAS de Tenosique opera como un centro de detención.
Por otro lado, las personas que son detenidas en diferentes puntos del centro y norte de México, son trasladadas a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, y puestas en libertad con un oficio de salida para que abandonen el territorio mexicano por la frontera sur. Lo mismo sucede con personas no mexicanas que son detenidas en Estados Unidos y deportadas bajo el Título 8, una norma que permite expulsar a quien entre al país sin una visa o documentación requerida, también son enviadas a la misma estación migratoria. Esto deja a las personas en irregularidad migratoria y les expone a mayores riesgos y vulnerabilidades, como la violencia, la extorsión y el tráfico de personas.
Esta situación se agrava por las condiciones de las estaciones migratorias, que han sido denunciadas por violar los derechos humanos de las personas detenidas. Razón por la que desde abril de este año, el INM disminuyó la operación de estas estaciones debido a la muerte de 40 personas en el incendio de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, originado por las condiciones que, como hemos documentado, constituyen entornos torturantes. A pesar de ello, nuevamente comienzan a operar de forma ordinaria y el día de ayer nuevamente se reporta la muerte de una persona de origen Cubano, en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Chiapas, sin que haya claridad sobre los hechos.
La inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas, sin acceso a procedimientos, durante los procedimientos, o incluso con documentos de regularización migratoria, por la práctica constante de las autoridades migratorias de no reconocer la validez de éstos, resulta en una práctica violatoria a derechos humanos, que tiene graves consecuencias sobre el acceso de las personas a derechos fundamentales como la salud, educación, trabajo, vivienda, y el acceso a la justicia.
Las personas migrantes identifican un recrudecimiento de las diversas formas de violencia que se viven en los contextos migratorios. Frente a esto, son las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, en especial los albergues, quienes están proveyendo atención humanitaria, asesoría y acompañamiento jurídico, psicosocial, atención médica y, en ese sentido; cubriendo así el vacío que deja el Estado omiso ante sus obligaciones.
Bajo ideas xenofóbicas, lgbtfóbicas y raciales, se niega el acceso a derechos en materia de salud para las personas en contexto de movilidad. Siendo que, el brindar servicios de salud no debería estar condicionado a un estatus migratorio regular, las personas en movilidad no son atendidas en los centros médicos por no contar con la CURP, o con documentos de regularización migratoria. De igual forma, en ésta misión se ha constatado la negativa por parte de las autoridades del sector salud para la donación de sangre de personas migrantes a otras personas en contexto de movilidad que lo requieren. Además de todos estos obstáculos, se suma la exigencia en el uso de tecnologías lo que agudiza las barreras de acceso a la salud. No brindar atención insumos médicos usando como razón el que las personas locales tampoco cuentan con estos derechos NO puede ser una justificación, debe ser motivo de exigencia en el cumplimiento de los derechos de salud de todes, todos, todas las personas.
Por realizar esta labor, las personas defensoras se enfrentan a una serie de amenazas y vulnerabilidades que ponen en riesgo su vida, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores que ven afectados sus intereses. También se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización de parte de las autoridades y comunidades locales. En ocasiones, incluso se han hecho señalamientos que vinculan su trabajo con actividades ilegales de tráfico, lo que les expone y suma a los riesgos anteriormente mencionados. Para las mujeres defensoras, estas violencias se ven agravadas por la discriminación y violencia de género.
Por todo ello, exigimos:
- Al Mecanismo de protección para Personas Defensoras y Periodistas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos de las personas que colaboran en La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, la Casa del Migrante Belén en el Ceibo y las defensoras comunitarias en Tenosique.
- A la Secretaría de Salud del Estado garantice en todo momento el acceso a la salud del cuadro básico y especializado a la población en contexto de movilidad y se evite toda práctica de discriminacion, racismo, lgtbfobia y desprecio.
- A la CNDH, CEDH, y FGR realicen una investigación exhaustiva para fincar responsabilidad administrativa o penal en contra de las y los servidores públicos que cometen violaciones a los derechos humanos y delitos en contra de la población en movilidad humana.
- A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) e INM garantizar en todo momento el derecho a la información, debido proceso, de audiencia, seguridad jurídica de las personas en movilidad humana, que acuden a solicitar protección internacional y regularización migratoria.
- A la COMAR e INM asegure en todo momento información clara y veraz sobre los procedimientos de solicitud de asilo y de regularización migratoria a todas las personas en contexto de movilidad.
- A la Fiscalía General del Estado para que respete y garantice el acceso a la justicia de las víctimas que acuden ante la Fiscalía Especializada de Atención a Migrantes de Tenosique, Tabasco, así mismo se actúe en todo momento con debida diligencia y se combata la impunidad.
- Exigimos que la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes respete los procedimientos y los estándares internacionales garantizando en todo momento el Interés Superior de la Niñez en todas sus actuaciones, vigilando entre otras cosas el principio de unidad familiar.
- A la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ejército Nacional, Policía Municipal que cesen las detenciones arbitrarias, abusos, extorsiones, cobros, asimismo todo acto que ponga en riesgo la vida, la integridad física, emocional, y psicológica de las personas en movilidad humana.
FIRMAMOS:
Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur
Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes.
Ayuda en Acción, México
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria
