A 6 años del primer éxodo migrante, no hay frontera que detenga la solidaridad

18 de diciembre de 2024 

• Conmemoramos la llegada de la primera caravana migrante a Tapachula y una labor sostenida para  observar y documentar la situación de la población migrante
• Llamamos a los distintos órdenes de gobierno a dar una respuesta efectiva que garantice el goce de derechos

El 13 de octubre de 2018, salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer éxodo o caravana migrante, conformado por aproximadamente 5 mil personas que se autoconvocaron para desplazarse colectivamente, con la intención de hacer frente a las políticas cada vez más restrictivas para acceder al territorio mexicano y a la inseguridad creciente en el corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos.

A su llegada a México, el 19 de octubre y durante su tránsito por el país -que duró aproximadamente 3 semanas- este primer éxodo se encontró con un muro institucional, cuerpos de seguridad que les repelieron, un sistema de protección débil que no dio respuesta a las necesidades de alojamiento, alimentación, acceso a la salud e información, pero también se encontraron con la solidaridad de decenas de comunidades autoorganizadas que ofrecieron techo, alimentación y aliento.

La primera caravana migrante marcó un parteaguas en las dinámicas de movilidad humana en la región, evidenciando los desafíos de los gobiernos de México y Centroamérica para dar una respuesta efectiva al incremento en los flujos migratorios y diseñar e implementar políticas migratorias de integración social de las personas migrantes.

Enrique Peña Nieto, aún en funciones como presidente de México, envió 244 elementos de la Policía Federal para reforzar las labores del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, lo que evidenció el enfoque de seguridad imperante en la política migratoria, que lejos de desaparecer, se recrudece constantemente hasta el día de hoy.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, albergues, organizaciones comunitarias de base e instituciones académicas, nos organizamos para recibir a las personas migrantes, brindar información sobre sus derechos en México y, ante la falta de capacidad para proporcionar asistencia humanitaria a grandes grupos, decidimos observar y documentar la situación de derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas que se desplazaban.

Es así es como surge el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, cuyo objetivo es el monitoreo sistemático de la situación de las personas en diversos contextos de movilidad en la frontera sur de México, para visibilizar el trato que brindan las autoridades, las necesidades de esta población, así como hacer incidencia para generar cambios estructurales en políticas públicas para el acceso efectivo a derechos.

El 2018 fue apenas el inicio de decenas de caravanas que se han organizado desde Centroamérica y, posteriormente a partir de las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia por COVID-19, en 2021, también desde Tapachula, México. 

En el primer éxodo que llegó en el mandato de Andrés Manuel López Obrador en enero de 2019, se otorgaron tarjetas de visitante por razones humanitarias. Una vez que aumentó la presión del gobierno de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles al gobierno mexicano, se creó un cerco migratorio en la frontera sur para evitar la llegada de otros grandes grupos, se militarizó el Instituto Nacional de Migración, se desplegaron miles de elementos de la Guardia Nacional con funciones de control y verificación migratoria en las fronteras Norte y Sur del país. Lo que evidenció una vez más la subordinación de la política migratoria mexicana a la política estadounidense.

En 2021, incrementaron los operativos para contener a las personas migrantes que huyen de la violencia social, política y económica en sus países de origen, en los cuales se hizo uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza pública atentando particularmente en contra de la integridad física y psicológica de las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBT, entre otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. El Colectivo de Monitoreo documentó el uso de tácticas militares en dichos operativos y, en colaboración con los medios de comunicación, organismos internacionales, otras organizaciones, así como redes de la sociedad civil, evidenciamos la represión, malos tratos y la violencia ejercida.

Los flujos de población migrante, solicitantes de refugio y refugiadas siguen creciendo exponencialmente. Ahora la llamada frontera vertical no se manifiesta solo en operativos contra personas migrantes, sino también en violencia institucional, en períodos prolongados para acceder al procedimiento y reconocimiento de la condición de refugiadas, en la suspensión de otorgamiento de tarjetas de visitante por razones humanitarias para quienes ya se encuentran en el procedimiento, en las prácticas de detención migratoria sistemáticas realizadas de manera generalizada, a múltiples violaciones a derechos humanos a quienes pasan por las Estancias y Estaciones Migratorias en México, también se manifiesta en la falta de acceso a vivienda, educación, salud, trabajo y  en la desinformación sobre los procedimientos de regularización, de asilo, generando así incertidumbre en las personas.

A 6 años del primer éxodo, seguimos diciendo #Alerta Frontera Sur, porque la violencia e inseguridad imperante en la frontera sur de México, así como  la falta de acceso a vías de regularización migratoria, orilla a las personas a tomar rutas inseguras, a desplazarse caminando por las carreteras, exponiendoles a múltiples peligros y a graves violaciones a derechos humanos como secuestros, extorsiones, separación familiar, detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura, abusos fisicos y sexuales, entre otras. Cuando las personas intentan denunciar un delito, se enfrentan al racismo institucional, la revictimización y la inacción por parte de las Fiscalías.

Frente a toda esta violencia y malos tratos, también reivindicamos que no hay frontera que detenga la solidaridad, esa que tejen día a día los pueblos, las vecinas, las personas migrantes en la comunidad con quienes están llegando, y todas las personas interesadas en que este territorio pueda ser habitado por todas, todos, todes.

Es importante señalar que, a pesar que el gobierno mexicano ha utilizado un discurso progresista sobre los derechos humanos en torno al tema, la realidad es completamente distinta, por lo tanto la labor del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur sigue siendo relevante y necesaria para evidenciar la situación de derechos humanos de la población en movilidad, para acompañar, documentar y hacer frente a estas violencias, para articular con otras organizaciones de carácter humanitario que con su labor, mitigan y atienden los efectos de la violencia en la ruta migratoria, y para generar propuestas de cambios en los marcos normativos, así como en las prácticas migratorias hasta consolidar una integración social efectiva de las personas migrantes en este territorio.

Hoy, reiteramos nuestro llamado  al gobierno federal para:

• Trabajar conjuntamente con los gobiernos de la región para atender de raíz las causas que obligan a las personas a dejar sus países de origen.
• Generar nuevas vías de regularización migratoria que respondan a las causas estructurales de desplazamiento de las personas en la región.
• Fortalecer las capacidades de las instituciones públicas que atienden a personas en contextos de movilidad, para garantizar el acceso efectivo de sus derechos en México.
• Retirar las funciones de control y verificación migratoria a la Guardia Nacional.
• Priorizar el enfoque de derechos humanos por sobre el enfoque de seguridad nacional para atender el tema migratorio.
• Eliminar la detención migratoria sistemática y hacer de ello una práctica excepcional, en concordancia con los estándares internacionales en la materia.
• Incluir a las personas migrantes en las acciones, planes y programas de acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y monitorear su acceso efectivo.
• Incluir a las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, a organizaciones de la sociedad civil y academia, en el diseño y monitoreo de políticas públicas en materia de movilidad humana.
• Detener la criminalización de las personas en contextos de movilidad y de quienes les acompañan en la defensa de sus derechos.